El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España

Dará igual que ese prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. En definitiva, promover o ayudar a la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos. El Código Penal español no establece explícitamente si la prostitución es una actividad económica legítimamente legal o ilegal. Sin embargo, prohíbe algunas prácticas relacionadas con ella, como el proxenetismo, la trata de seres humanos y la contratación de servicios sexuales de personas menores de edad. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Irene Montero prometió esta cantidad a quien le confeccionara un estudio sobre la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país. Finalmente, el Ayuntamiento de Valencia también incluye en su ordenanza municipal sanciones al cliente que acude al reclamo.

Por este motivo, desde su despacho Granda y Asociados, ha lanzado un proyecto de reinserción llamado Woman helps woman. Una iniciativa que pretende ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social a tener otras fuentes de ingresos. Regulando sus derechos de trabajo, estas mujeres estarían más seguras ya que podrían denunciar todos los abusos que se cometan contra ellas”, explica por su lado Nuria Granda, abogada penalista especializada en violencia machista. Holanda, por su parte, levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y desde entonces tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector.

En el discurso social se confunden los términos trata, tráfico, prostitución coactiva y prostitución por decisión personal. Mientras que la trata y la prostitución coactiva suponen violencia, coacción y agresión, ya sea verbal, sexual o física, no sucede lo mismo con la prostitución voluntaria o el tráfico de mujeres, porque en ambos casos puede o no existir violencia contra ellas. Y si la trata es una situación minoritaria, no lo es el tráfico o la prostitución coactiva, aunque los datos son escasos a este respecto (Meneses, 2019). La legislación represiva que supone esta ley se complementaría con acciones concretas para la recuperación de las víctimas de la explotación sexual, las prostitutas, mujeres en nueve de cada diez casos —y en la inmensa mayoría de las ocasiones, extranjeras— con mucha frecuencia sin papeles de estancia legal en España y víctimas de las redes de trata de personas.

En el caso de la ordenanza de Sevilla, la prostitución se califica como “una de las manifestaciones más extremas de violencia de  género”. Por este motivo, esta normativa pretende sancionar con multas de hasta los 3.000 solo a los clientes, dejando fuera a las mujeres que se dedican a estas prácticas. En el caso del Ayuntamiento de Alicante, en su momento aprobó su propia normativa que también perseguía a la ofertante de servicios sexuales con multas de hasta 750 euros. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta ordenanza al carecer de un preceptivo informe de impacto de género.

Si el objetivo de esta ley es acabar con las mafias y la trata, se conseguirá justo lo contrario, porque serán estas organizaciones las que impongan su ley», apuntan varias de ellas. El Ayuntamiento de Alicante aprobó en su momento una normativa que perseguía a las ofertantes de servicios sexuales, imponiendo multas de hasta 750 euros. Sin embargo, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta ordenanza al no contar con un informe de impacto de género obligatorio. Por ejemplo, en los últimos tiempos, el ayuntamiento de León se ha sumado a la implantación de las ordenanzas que prohiban el consumo de la  prostituciónu otras formas de explotación sexual. La ordenanza entró en vigor el pasado miércoles 2 de agosto, y las multas podrán ascender a 3.000 euros. Los datos coinciden con las estimaciones realizadas por INE, que indican que las actividades ilegales suponen un 0,87% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, representando la prostitución un 0,35% del PIB, lo que supone aproximadamente 3.700 millones de euros.

La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, pero éste sí que establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación. Sigue la resolución (cuyo final se huele) que el hecho de que el ejercicio de la prostitución por la propia persona prostituida no sea ilícita penalmente no significa que sea una actividad lícita o permitida, sin que la mera tolerancia pueda considerarse declaración de licitud; antes bien, constituye una actividad prohibida por normas legales no penales. Tributarían en el IRPF cuando sean por cuenta ajena, al tener que declarar los rendimientos del trabajo personal de las rentas obtenidas por el ejercicio de la actividad. Si fuese como empresario/a individual, sus ingresos estarían sujetos como rentas derivadas de actividades económicas. Al ser un mercado alegal se caracteriza por su flexibilidad laboral, tanto en horarios, lugares y espacios de ejercicio.

"Si alguien piensa que una ley abolicionista lo resuelve en un plis plas, que se vaya a Francia y vea que en 2016 se aplicó una ley abolicionista y no se ha abolido. Si alguien piensa que esto se resuelve legalizándola, que se vaya a Alemania o Amsterdam y verá que no", asevera Ariño. Durante la pandemia, señala, hubo una "diversidad de estrategias" para eludir los controles y, aunque los clubes tuvieron que cerrar, "o abrieron de forma intermitente", la práctica de la prostitución en los pisos no se pudo controlar y "se mantuvo contacto físico y sin protección" frente al coronavirus. El análisis de webs y plataformas ha permitido a Ariño confeccionar mapas de anuncios, pisos, clubes y agentes por toda España, así como de los servicios que ofrecen, y comprobar el "carácter mercantilizador, machista y agresivo en muchas ocasiones, que aproxima prostitución y pornografía". En los últimos diez años, según Ariño, la prostitución ha sufrido una transformación profunda ante la generalización de los teléfonos inteligentes y la ubicuidad del acceso a internet, con nuevas formas de organización en torno a plataformas que la ha hecho más móvil y dispersa pero, sobre todo, "más invisible y más normalizada".

En países como Hungría y Letonia la prostitución es legal y está regulada, pero no los prostíbulos. Este Ejecutivo "no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal", ha recalcado la ministra. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública. La problemática es amplia y variada y parte de la base de que el consumidor de sexo está en una posición de privilegio y, en muchas ocasiones, impone prácticas sin protección contra las enfermedades o violentas, por no hablar de las condiciones inhumanas a las que, con frecuencia, les someten los tratantes o explotadores. De hecho, el portal feminicidio.net calcula que desde el 2010 a 2021 han sido asesinadas 60 prostitutas.